lunes, 4 de abril de 2016

La psicología se considera cada vez menos en la política municipal

Vivimos un retroceso de la importancia de la psicología en las políticas sociales municipales, en paralelo a la devaluación de los servicios sociales (la Crisis como escusa), que han pasado de llamarse, popularmente, concejalías de bienestar social a concejalías de servicios sociales, ya que estos servicios municipales, cada vez están más abocados a la tramitación burocrática de las demandas sociales directas de los ciudadanos, sin poder hacer trabajo de prevención, u otro trabajo comunitario que no se base en la burocracia, para tramitar esta o aquella ayuda. Cada vez este trabajo nos recuerda a un trabajo de tipo beneficencia, como el que se sigue haciendo en los bancos de alimentos, donde se entrega comida a los más necesitados (que también recordará a los más mayores las cartillas de racionamiento de la postguerra).
La psicología no iba a ser ajena a todo ello, aunque consiguió entrar en los ayuntamientos, gracias al trabajo de muchos que demostramos, sus posibilidades en los gabinetes psicopedagógicos, o en los servicios sociales, trabajo arduo pero que resultó muy importante al poder abrir una brecha en unos servicios municipales, que cada vez se abrían más al ciudadano directamente, gracias a la famosa descentralización que se produjo en los principios de la democracia.
Los psicólogos entonces abríamos brecha en los ayuntamientos en los colegios, en la sanidad (psiquiátricos y hospitales, luego se reconocería a los PIR, como a los MIR, pero con muchas menos plazas). Era una profesión relativamente nueva, y las primeras promociones nos movilizamos para abrir estos espacios de trabajo que han ido a más hasta ahora. Lo que parecía una tendencia positiva que iba calando en la sociedad, ha sufrido una desaceleración, como diría alguien que los lectores recordarán. La Consellería de Bienestar Social (ya no se llama así), diseñó unos servicios de apoyo a la familia hace 17 años. Momento en que se gestionó la Ley de Mediación, y se crearon los Servicios Integrados de atención a las familias, que luego se convirtieron en los SEAFIs y que crecieron en casi todos los pueblos de la comunidad de tipo medio o en el seno de mancomunidades. De esta forma empezó un trabajo considerable de apoyo a las familias, para tratar sus conflictos. Fueron reconocidos por los ciudadanos en investigaciones que hizo la Universidad de Valencia. Supusieron un éxito que todavía hoy se mantiene, dado su carácter social, y a su preparación profesional, que no ha parado, consiguiendo que estos equipos estén cada vez más especializados en los conflictos de las unidades familiares.
Esto también se realizó en el pueblo donde vivo: Alfaz del Pi, consiguiendo que este Servicio fuera uno de los más punteros en la Comunidad. En este sentido realicé la coordinación de la primera formación de los trabajadores que participaban en estos equipos, trabajo que se publicó en un libro. Además contribuí a la formalización de un protocolo de trabajo, publicado por la propia Consellería. Todo iba bien profesionalmente, hasta que todavía no se sabe por qué motivo, se decide restringir el dinero y el tiempo de dedicación de este servicio tan importante. Desde hace dos años se reduce a casi la mitad la jornada del psicólogo, y se prescinde del educador familiar. Decisión unilateral que va en contra de las directrices de la propia Consellería, que plantea un psicólogo a tiempo completo y un educador a tiempo parcial. Es la propia Consellería quién subvenciona el servicio al 60 %. Pues no se hace caso a nada, y se reduce el tiempo y se prescinde del profesional que llevaba el servicio desde hace 17 años. Es como si a nuestro médico de cabecera de siempre, se le echara a la calle porque sí.
Y llegados aquí, retomando la parte inicial, nos podemos cuestionar cómo se toman estas decisiones? ¿quién está legitimado profesionalmente para ello?,¿quién interviene en las mismas?,¿qué hace la oposición?; ¿por qué no se consulta a la propia dirección territorial de Alicante de la Consellería, que es quién controla el servicio profesional y económicamente, o a otros especialistas de educación, sanidad, etc, que están contentos con el servicio y que lo han manifestado públicamente? La respuesta es: la decisión la toma el señor alcalde-presidente, él sólo, con una preparación en Magisterio. La oposición no hace nada, da la sensación de qué se entera poco, ya que algunos no sabían de la existencia del Servicio (¿!). Más allá del retroceso que esto produce en la psicología con los recortes, como en sanidad, y que afecta de lleno a los ciudadanos, cabría preguntarse ¿qué políticos tenemos? ¿quién nos gobierna?. ¿un cacique que usa de su mayoría absoluta como le da la gana, sin escuchar a nadie? ¿unos concejales de la oposición que no se enteran de lo que pasa, a pesar de cobrar todos los meses?; y lo que es peor ¿esto se va a arreglar en las próximas elecciones?.
Quizás por esto la prensa y los jueces estén siendo más protagonistas estos años, ya que si no fuera por ellos, ¿en qué clase de país viviríamos?

También por eso la gente opta más por lo privado (los que pueden claro). Seguimos viviendo indignados con todo lo que pasa, y por esto resulta más indignante que un Ayuntamiento se las dé de MAS SOCIAL, demostrando que cada vez le importa menos lo social, sin entrar a hablar de la tercera edad, dependencia, etc. Espero que cambie que aunque ahora sea MENOS social no llegue a ser A-SOCIAL.

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